Libertad educativa y justicia social

Publicado por Pablo Nuevo el 27 de Febrero de 2006 en American Review.

La Administración Bush ya está preparando el presupuesto para el año que viene. En los borradores actuales, incluye un programa de 100 millones de dólares dirigido a financiar un programa piloto de cheque escolar, que tiene por destinatarios 25.000 niños económicamente desfavorecidos que actualmente están escolarizados en colegios públicos que han tenido malos resultados en los procesos de acreditación.El programa consiste en un cheque por valor de 4000 dólares, que los padres pueden emplear para sufragar el coste de la enseñanza privada. En el caso de que por algún motivo los padres no quieran enviar a sus hijos a una escuela privada, disponen de una alternativa especialmente interesante: un cheque de 3000 dólares para pagar tutorías particulares después del horario normal de clase.

Por lo que se refiere a los requisitos para poder beneficiarse de este programa, es necesario que el colegio público en el que actualmente están escolarizados los niños hayan tenido unos malos resultados durante seis años en los procesos de evaluación escolar puestos en marcha con ocasión de la anterior reforma educativa del presidente Bush, la “No Child Left Behind Act” (literalmente: ningún niño dejado atrás). El Departmento de Educación estima que alrededor de 2000 colegios públicos se encuentran en esta situación.

Las iniciativas en favor de la libertad de elección escolar no son nuevas. Ya en el proyecto inicial de la “No Child Left Behind”, en 2001, la Administración republicana intentó implantar el sistema de cheque escolar, si bien la oposición en el Congreso hizo que finalmente no se llevara a cabo.

Cinco años más tarde, Bush considera que su posición es lo suficientemente fuerte -al menos en este aspecto- como para convencer al Congreso de que es el momento de devolver a los padres el control sobre la educación de sus hijos. Uno de los principios fundamentales de la anterior reforma educativa era que los niños de escuelas que no cumplen los mínimos estándares de calidad deberían poder cambiarse de colegio, con objeto de garantizarles una mínima posibilidad de éxito en su educación. A pesar de las buenas palabras, estos cambios no han sido posibles en el marco de la Ley “No Child Left Behind”.

Como mucho, las opciones de cambio se han visto limitadas a cambios entre diferentes escuelas públicas, pasando de una que incumple con los requisitos de evaluación a otra algo mejor. Ahora bien, determinados distritos escolares tienen una alta proporción de escuelas públicas con malos resultados, por lo que no hay suficientes plazas vacantes en las que sí han cumplido con los estándares de calidad establecidos en 2001. En este sentido, una Comisión Ciudadana de Derechos civiles señaló, en un informe de 2004, que únicamente el 2% de los potenciales beneficiarios se han beneficiado de los programas de libre elección de centro educativo.

Esta cifra contrasta con los datos que muestran cómo los padres cuyos hijos han accedido a los programas de cheque escolar presentan un nivel de satisfacción superior a la media en relación con la educación de sus hijos.

Esta satisfacción es comprensible, dado que una buena formación es la clave para el desarrollo social y económico de las personas, especialmente en una sociedad como la estadounidense.

Satisfacción que evidencia, una vez más, que la libertad de elección es la mejor política social en materia educativa, mientras que el intervencionismo perpetúa los males de la gente sencilla. A fin de cuentas, también para la gente humilde la libertad es garantía de desarrollo.

Publicado por Pablo Nuevo López el 27-02-2006 en American Review