Stop al activismo judicial: ha comenzado la era Roberts

Publicado por Pablo Nuevo el 13 de Marzo de 2006 en American Review.

En su magistral obra La democracia en América, Tocqueville señaló cómo “en los Estados Unidos no hay casi cuestión política que no derive, tarde o temprano, en cuestión judicial”. Este hecho no es más que la consecuencia lógica del régimen político norteamericano, en el cual la libertad se entiende como libertad ordenada bajo la ley, lo cual determina tanto el establecimiento de limitaciones jurídicas al poder como la posibilidad de que los jueces hagan efectivas dichas limitaciones mediante la judicial review, concepto que ha pasado a los sistemas jurídicos continentales.En la afirmación precedente de Tocqueville está en germen una de las cuestiones más decisivas de la política contemporánea en Norteamérica: que con el tiempo el Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha convertido en el foro de la moral y política en general, de la cultura en sentido amplio. Debido al pluralismo constitucionalmente consagrado, que lleva a que las Iglesias y los partidos se neutralicen mutuamente, se colocó sobre la agenda de la justicia la tarea de proclamar los criterios morales de la sociedad, por la vía del reconocimiento o no de nuevos derechos más allá de los enumerados en el Bill of rights. Para ello, el activismo judicial de tendencia progresista considera la Constitución como un “documento vivo”, lo que permite una interpretación evolutiva de la misma, de modo que los tribunales reemplazan al legislador, definiendo con sus decisiones los parámetros morales de la cultura. Legislando desde los tribunales los jueces progresistas han “descubierto” en una Constitución de finales del siglo XVII un derecho al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo o al establecimiento de cuotas raciales o de género en el acceso a cargos públicos, por ejemplo. En los últimos 40 años, la agenda política progresista que ha fracasado continuamente en las elecciones, ha conseguido imponerse desde los tribunales, dominados por una elite intelectual donde impera la ideología de lo políticamente correcto.

Frente a esta usurpación del poder legislativo por los jueces, en general la respuesta conservadora no ha sido hacer lo mismo en sentido contrario (esto es, interpretar la Constitución en sentido ideológicamente conservador), sino hacer exactamente lo contrario: interpretar la Constitución como un documento jurídico en el que debe buscarse la intención de los redactores de la misma, dejando las cuestiones no decididas por la Constitución a lo que resulte del proceso político.

En esta labor, está teniendo una enorme trascendencia la política de nombramientos judiciales del presidente Bush (esta es una competencia constitucionalmente reservada al presidente de EE.UU.), destacando los nombramientos de los jueces Alito y Roberts para el Tribunal Supremo, el último como presidente del mismo.

La importancia a largo plazo de estos nombramientos puede apreciarse tomando como ejemplo la conferencia que pronunció Roberts la semana pasada en la Biblioteca Ronald Reagan de California, en la que ha sido su primera intervención pública tras su confirmación por el Senado en septiembre pasado. En dicha conferencia, el presidente del Supremo recordó la convicción de Reagan sobre la importancia de las ideas, especialmente la idea del imperio del Derecho sobre el poder político. En su intervención, Roberts anunció lo que será su criterio en su labor en el Alto Tribunal: tratar de buscar la voluntad de los autores de la Constitución, tratándola más que como un documento “vivo” como un documento jurídico. Es decir, no sensible a las modas del pensamiento dominante, sino como un instrumento dirigido a limitar el poder político, convirtiendo dichas limitaciones en vínculos jurídicos para el poder.

Lo anterior apunta a que Roberts pretende aplicar estrictamente la Constitución, sin concesiones a las teorías que pretenden descubrir en la misma derechos desconocidos para los padres fundadores de EE.UU. y no queridos por la mayoría de los americanos de hoy. No utilizará el Tribunal para avanzar la agenda política conservadora, pero es precisamente esta abstención el mayor avance de los conservadores en mucho tiempo. Ahora están en condiciones de avanzar su agenda desde el Congreso y la presidencia, ambos en manos republicanas, respetando el ideal de gobierno limitado. Todo parece indicar que la siembra cultural, comenzada hace 50 años sobre la base de una política de principios pensando en el largo plazo, dará frutos duraderos. ¿Aprenderá la lección la derecha europea?

Publicado por Pablo Nuevo López el 13-03-2006 en American Review