Reforma sanitaria y privatización: mucho más que una cuestión de eficiencia
Una de las reivindicaciones más importantes de los grupos conservadores norteamericanos es la relativa a la reforma del sistema de asistencia médica, introduciendo elementos “privatizadores” en el mismo.
Una de las reivindicaciones más importantes de los grupos conservadores norteamericanos es la relativa a la reforma del sistema de asistencia médica, introduciendo elementos “privatizadores” en el mismo. En síntesis, lo que defienden estos grupos es que el dinero empleado por cada ciudadano en el pago de su seguro médico sea considerado gasto deducible a efectos fiscales. Generalmente se argumenta que con este seguro, que debería ser obligatorio, se obtiene un gasto más eficiente al tiempo que se garantiza la asistencia médica a toda la población.
A las críticas de insolidaridad, el “conservatismo compasivo” que abandera la actual Administración republicana responde que esas “cuentas personales de protección sanitaria” son compatibles con una intervención pública para hacer posible el acceso a la asistencia médica para aquellas personas sin recursos suficientes para contratar un seguro de esta naturaleza. Eso sí, los thinks tanks conservadores están presionando a la Administración para que esta garantía pública pueda hacerse por medios privados, a través de dos vías que se retroalimentan.
En primer lugar, admitiendo que los seguros médicos privados fiscalmente deducibles puedan ser contratados con organizaciones médicas de iniciativa social, incluso cuando (como sucede en la mayor parte de los casos) están vinculadas a instituciones religiosas. Esta financiación privada de dichas organizaciones médicas -que estatutariamente asumen un compromiso de trabajar también por los más necesitados- debe contribuir a que aquellas personas sin seguro social puedan recibir atención sanitaria de las múltiples instituciones caritativas impulsadas por los grupos religiosos presentes en EEUU. Pero en segundo lugar, lo que proponen los conservadores es que la necesaria financiación pública complementaria se canalice a estas organizaciones médicas, sin que deba el gobierno disponer de una amplia red de instituciones sanitarias. El mismo resultado -atención médica universal- se consigue mejor si colabora la sociedad civil.
Ahora bien, esta colaboración de la sociedad civil no es únicamente una cuestión de eficiencia, sino de respeto a la conciencia de los ciudadanos. Como Robert E. Moffit, Jennifer A. Marshall, y Grace V. Smith demuestran en un importante estudio elaborado para el Centro de Estudios de Políticas Públicas Sanitarias de la Heritage Foundation, la aplicación de los principios conservadores a las políticas de protección médica garantiza que los ciudadanos puedan evitar que con su dinero se financien prácticas médicas contrarias a sus valores morales.
Una de las consecuencias del extraordinario desarrollo de la biomedicina es que ya no es posible separar la atención sanitaria y la política relacionada con ella de las cuestiones morales, como es el cuidado a la vida prenatal o el trato a dispensar a las personas mayores cuando se acerca su muerte. En la actualidad, la mayoría de los planes de protección de al salud afectan a cuestiones moralmente controvertidas, y sin embargo los destinatarios de esos programas (que además son quienes los pagan, aunque sea vía impuestos) carecen de control alguno sobre el destino que se da al gasto sanitario, por lo que es perfectamente posible que el dinero que los ciudadanos aportan para cubrir su atención médica acabe financiando intervenciones profundamente contrarias a su conciencia, como abortos, eutanasia, experimentación con embriones, etc.
En una sociedad pluralista como la actual, no es posible dejar estas cuestiones a lo que dispongan los médicos, con su juramento hipocrático y sus códigos deontológicos. Por tanto, sostiene el informe que venimos comentando, los políticos deben reformar el sistema sanitario de modo que se permita a cada ciudadano elegir su plan de atención médica, acabando con la discriminación fiscal que actualmente sufren quienes acuden a compañías privadas cuyo código ético comparten.
Publicado por Pablo Nuevo López el 31-05-2006 en American Review

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