Cargando...Cuestión de plazos
El resultado es que nos hemos metido entre pecho y espalda más de cuatro millones de inmigrantes en siete años y pico. Suponer que eso no traerá consecuencias de todo tipo constituye un acto de voluntarismo literalmente heroico.
Hechos que no admitían demora me impidieron hablarles el pasado viernes de Alcorcón y sus misteriosas bandas inexistentes. En realidad, di de mano al artículo que ya tenía escrito, y lo sustituí por otro sobre De Juana Chaos. El relevo tuvo su lado bueno: poco después se supo que el Ayuntamiento había encargado un informe según el cual operaban, en aquella demarcación, casi una decena de bandas. Esto parece liquidar la primera de las dos cuestiones que se debatieron a mediados de enero: sí, hay bandas, o si se prefiere, existen enjambres de jóvenes con un concepto territorial del espacio público alcorconero. La otra cuestión, una cuestión que jamás se resolverá a satisfacción de todos, es si hubo desórdenes reales en Alcorcón. El uso de cursivas no es irónico. Según el alcalde y la delegada del Gobierno en Madrid, los tumultos de hace dos semanas tuvieron un carácter virtual. Representaron, más que nada, una construcción o fantasía periodística. ¿Podemos acudir, para salir de dudas, a los testimonios de los vecinos? Quizá… no. En La cartuja de Parma, de Stendhal, el protagonista, un joven entusiasta de Napoleón, se fuga de casa con el propósito de engancharse a las tropas imperiales en Waterloo. Y llega, sí, al campo de batalla, y ve cadáveres, y caballos despanzurrados, y oye silbar las balas. Pero no asiste, propiamente, a la batalla de Waterloo. Esto es, no presencia un evento cerrado, concreto, nítido, que sea la batalla de Waterloo. Un posmoderno afirmaría que el suceso errático que hemos distinguido más tarde con el rótulo de “batalla de Waterloo”, es una idealización historiográfica. Las cosas no existen hasta que se les otorga un nombre. El intríngulis, en consecuencia, está en elegir las palabras. Lo que está detrás de ellas es secundario, opcional, subordinado. Pensemos en Cataluña, la más posmoderna de las regiones patrias. Una ministra, no recuerdo ya cuál, estrenó, a propósito de los okupas de Barcelona, el término de “cultura alternativa”. Es posible que dijera incluso “legalidad alternativa”.Habría por tanto maneras de violar la ley que serían “legales” con arreglo a un concepto “alternativo” de lo que es la ley. El poder suele recurrir a estas taumaturgias apenas el mundo comienza a salirle respondón. Hace unos años, cuando la explosión ocurrida en El Ejido envió al aire las primeras señales de alarma, la respuesta unánime de la opinión políticamente correcta consistió en decir que los ejidenses eran unos racistas temibles.
El interés por saber qué había ocurrido fue nulo. Y el ahorro de esfuerzo analítico, gigantesco. Si la clave residía en que los ejinenses eran unos racistas, el problema no estaba en las circunstancias que habían provocado las violencias, sino en la condición decepcionante del ser humano. Desde los ambones periodísticos del Madrid ilustrado, el drama de El Ejido sirvió para que gente remota y cómodamente instalada en dos o tres lugares comunes hiciera un despliegue de su concepción impecable de la moral. La buena conciencia gratis es una de las cosas que más placer causan a quienes, en el fondo, no se toman la moral en serio.
El caso, sin embargo, es que la realidad existe, y que no se cansa de llamar a la puerta. Lo hizo en El Ejido, probablemente lo ha hecho en Alcorcón, y lo hará con frecuencia creciente en otros puntos de España. Los españoles irán comprobando, en fin, que “racista” es un concepto disposicional, en la línea, digamos, de “frágil”. Hasta que el jarrón no se estrella contra el suelo, no se comprueba que es frágil. Hasta que la convivencia no se degrada lo suficiente, pocos descubren que, bien mirado, eran racistas. O para ser más precisos, que no estaban exentos del peligro de volverse racistas. En esas van a estar los españoles pronto, máxime, los de condición modesta. Nuestro modelo migratorio está basado, en proporciones absolutamente excepcionales, en la regularización ex post de ilegales. Más del 50% de los que obtienen permisos de residencia lo hacen tras alegar “arraigo” o acogerse a medidas de regularización extraordinarias. Se trata, no de un despiste repetido de la Administración -popular o socialista-, sino de una forma deliberada y patológica de suplir lo que habría debido ser una política laboral sistemática y responsable. La consigna: que encuentre trabajo el que quiera, y luego, ya se verá. El resultado es que nos hemos metido entre pecho y espalda más de cuatro millones de inmigrantes en siete años y pico. Suponer que eso no traerá consecuencias de todo tipo constituye un acto de voluntarismo literalmente heroico.
La dispensación de servicios sociales generosísimos, sin paralelo en otros países, acentúa el síndrome de desorden total. La factura se paga en diferido, y no preocupa a unos partidos cuyo horizonte de cálculo tiende a acortarse de manera progresiva.
Publicado por Alvaro Delgado-Gal el 05-02-2007 en www.negocios.com/gaceta
