Cargando...Un paso adelante en la defensa de la vida
Ayer, 18 de abril, el Tribunal Supremo norteamericano dio un paso en la defensa de la vida, al considerar conforme a la Constitución la Ley de 2003 que prohíbe el aborto por nacimiento parcial.
Se trata de la primera Sentencia del Tribunal Supremo que declara constitucional en su integridad una regulación legal dirigida a prohibir el aborto, aunque sea tan sólo en una de sus variantes.Debe tenerse en cuenta que, desde que en la década de los 60 jueces liberales se dedicaron a inventar derechos, legislando contra la voluntad de los ciudadanos aprovechando, las políticas progresistas y secularistas se han visto amparadas por decisiones judiciales muy criticadas desde una perspectiva técnico-jurídica.
Esta tendencia alcanzó su punto álgido en 1973, cuando en la famosa Sentencia Roe v. Wade, el Tribunal Supremo dedujo de la Constitución un derecho constitucional de las mujeres al aborto, con base en el principio de que todos los ciudadanos deben obtener una protección idéntica de las leyes.
Desde entonces, políticos preocupados por la vida -generalmente del Partido Republicano- han intentado establecer límites legislativos al aborto, si bien hasta ayer esos intentos han sido considerados inconstitucionales por el Tribunal Supremo. Así sucedió en 1992, en la Sentencia Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, y, más recientemente, en la Sentencia Stenberg v. Carhart, en el año 2000. En esta última Sentencia, el Supremo consideró contraria a la Constitución una Ley del Estado de Nebraska dirigida a prohibir el aborto por nacimiento parcial, de modo que la decisión de ayer marca verdaderamente un hito en la lucha por la vida en EEUU.
Para entender la importancia de la Sentencia que comentamos es preciso indicar en qué consiste el aborto por nacimiento parcial, pues a la luz de esas consideraciones cobran especial relevancia los argumentos del ponente de la Sentencia, el Juez Kennedy.
El aborto por nacimiento parcial es un tipo de aborto tardío, cuando el feto ha alcanzado un desarrollo suficiente como para que el “médico” pueda provocar el parto a la gestante, si bien en lugar de terminarlo procede a destrozar, con unas tenazas, la cabeza del niño, con objeto de poder sacarlo del útero materno.
Ya en su momento el Congreso norteamericano intentó prohibirlo, pero el entonces presidente Clinton empleó su veto, consiguiendo que dicha regulación quedara aparcada. Con la victoria de George W. Bush, el Congreso volvió a tramitar la Ley, aprobando en el año 2003 un texto que señalaba como objetivos “proteger la vida humana inocente de un procedimiento brutal e inhumano”, con el argumento de que estos abortos equivalen a matar a un recién nacido, y “proteger la ética profesional y la reputación de la comunidad médica”, por considerar que se resentía ante el hecho de que algunos de sus miembros se ganaran la vida de este modo.
El Juez Kennedy -y con él la mayoría de Magistrados que prestan su voto afirmativo a esta Sentencia- considera que la Ley de 2003 es perfectamente constitucional, por cuanto persigue fines legítimos y lo hace con medios racionales (adecuados al fin). Así, el Tribunal reconoce que existe un interés público legítimo en la protección jurídica de la vida no nacida por parte del Congreso. Es más, considera conforme a Derecho que el Poder legislativo regule el ejercicio de la medicina en lo que respecta al aborto (recordemos que debido a la Sentencia de 1973, el Congreso no puede prohibir el aborto, considerado un derecho constitucional), dado que existe un interés público en salvaguardar la integridad y la ética de la profesión médica.
Es cierto que el Tribunal no ha dado el paso de revisar su jurisprudencia anterior sobre el aborto. Probablemente fuera imposible con la actual composición del Tribunal. De hecho, únicamente los Jueces Thomas y Scalia han emitido un voto concurrente señalando que las decisiones Roe y Casey carecen de fundamento constitucional.
Pero es significativo que el ponente haya sido centrista Kennedy, a quien corresponde inclinar la balanza entre los cuatro Jueces conservadores (Scalia, Thomas, Alito y Roberts) y los cuatro progresistas (Gingsburg, Stevens, Souter y Breyer, quienes firman un voto particular discrepante de la Sentencia).
Los nombramientos realizados por Bush, los Jueces Alito y Roberts, han demostrado ser clave en esta Sentencia.
En los próximos años, es probable que el Presidente tenga que nombrar algún otro magistrado, toda vez que el Juez Stevens tiene 87 años. De ahí la importancia de las próximas presidenciales de 2008, pues una victoria republicana podría alterar el equilibrio del Supremo, en el caso de que el presidente optara por un Juez conservador.
Publicado por Pablo Nuevo el 18-04-2007 en www.a-r.es
