¿Clamar justicia o abusar de la justicia?

Publicado por Santiago Milans del Bosch el 12 de Febrero de 2008 en Política y Sociedad.

En el fondo, lo que subyace, como en tantos otros casos, es el uso inmoral de los medios y las personas que integran la Administración de Justicia, cuando se acude a ésta no para solicitar lo que en Derecho corresponde sino para fines e intereses que nada tienen que ver con ese “valor superior del ordenamiento jurídico” a que se refiere el artículo 1 de nuestra Carta Magna.

Así ocurre, por ejemplo,  cuando se presentan denuncias falsas o en base a hechos preconstituidos para este fin, provocando la incoación de las consiguientes “previas”, más tarde archivadas sin consecuencias penológicas para quien “ha engañado” al Fiscal o al Juez; cuando se chantajean a las empresas con la amenaza de denunciarla y vapulear mediáticamente la misma, salvo que se indemnice por unos supuestos daños cuya valoración se acepta por ser ello “más barato” que el daño reputacional que puede ocasionar; cuando se mantienen las acciones penales en casos de siniestralidad laboral, con el consiguiente riesgo de cárcel para el empresario, salvo que se indemnice por encima del baremo, y ello aun cuando muchas veces el siniestro se deba a causa desconocida, a caso fortuito o a culpa exclusiva del trabajador; cuando se denuncia haber sufrido un miedo psicológico del marido que automáticamente supone para él pernoctar en los calabozos policiales –al revés no lo permite la ley-, provocando la actuación del Juzgado de violencia de género que tramita no sólo la depuración de la posible responsabilidad penal sino también la custodia y régimen de visitas para con los hijos, además del divorcio exprés; cuando se reclama una ingente cantidad indemnizatoria por los días o semanas –cuando no meses- de baja laboral derivados de un accidente de tráfico, los cuales se aprovecha para hacer las primeras “bajadas del año en Formigal”; cuando… Es lamentable que, con todo respeto a los casos reales, esté proliferando en nuestro país la figura del querulante zafio, de la persona y el profesional –también público- inmoral y sin escrúpulos que utiliza a su antojo la justicia como si fuera una ventanilla más donde presentar “la papela” para cobrar lo que en Derecho no le corresponde.  Sólo un Poder Judicial independiente y responsable es la garantía frente a los abusos, desmanes y usos torticeros de la justicia. Para ello se ha de empezar por dar ejemplo desde los ejecutivos, no como lamentablemente ha ocurrido con la injerencia del Gobierno en la investigación jurisdiccional de determinados delitos que no le interesa se investiguen (como es el caso de las causas abiertas por los delitos de aborto) o con las manifestaciones en contra del Tribunal Supremo (como ha tenido lugar tras la sentencia condenatoria por desobediencia en el caso Atutxa). Sólo así, se hará realidad el deseo de la ciudadanía que canta el Preámbulo de la Constitución, de querer establecer en nuestra nación “la justicia, la libertad y la seguridad”.  Lo contrario es, otra vez, papel mojado.