La ley del blindaje

Publicado por Santiago Milans del Bosch el 26 de Febrero de 2008 en Política y Sociedad.

El anuncio por parte del Gobierno de “blindar” las clínicas abortistas, como si se trataran de acorazados a los que hacer inmunes a quienes osen investigar en sus adentros, donde se matan impunemente tantos bebés fuera de los casos que lo permite la ley, es otro puntapié al Estado de Derecho.  Éste se asienta no sólo en la sumisión de todos –ciudadanos y poderes públicos (art. 9.1 CE)- a la ley, en el reconocimiento de unos “valores superiores” que han de informar la actuación pública y en el respeto a los Derechos Fundamentales, sino en la persecución y sanción a los delincuentes que lesionan los bienes jurídicos más preciados, según se recoge en la llamada “Constitución en negativo” (el Código penal), sin poner traba alguna a quienes la propia Constitución y la ley confiere esta misión: a los jueces y magistrados.  El poder ejecutivo ha de alentar, promover y apoyar a quienes actúan a favor de la prosecución de estos valores y en la persecución de quienes atentan contra ellos.

Esta depuración de responsabilidades penales tiene en el Estado de Derecho un sinfín de garantías que derivan de la doctrina emanada de los Tratados y Acuerdos internacionales y de la propia Constitución.  Así, el enjuiciamiento de las causas penales se rige por lo regulado en la Carta Magna y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: presunción de inocencia, posibilidad de acordar la prisión provisional, principio acusatorio, audiencia del imputado, inmediación judicial y aportación de pruebas legales, tanto incriminatorias como de descargo, etc.  Con este cúmulo de garantías asombra que precisamente y sólo para el caso de las clínicas de la muerte, el Gobierno, se alíe con quienes han hecho de este drama humano el negocio más lucrativo de su vida, usando el fraude y la burla a la ley como forma de “escapar” del tipo penal, anunciando que no permitirán el acceso a los archivos y, en consecuencia, a la identificación de las que acuden a estos centros, que tanto pueden revelar sobre las irregularidades en los abortos ahí realizados.

Lo anunciado por el Gobierno, bajo la excusa de proteger la intimidad de las madres, trata de impedir u obstaculizar que se adveren las denuncias de prácticas ilegales de aborto y, de esta forma, que no se cuente con los indicios y pruebas que acrediten que los abortos se han practicado fuera de los casos excepcionales en que el Código penal recoge como no punibles, momento en el que la Justicia ha de actuar para reprender a quienes atentan contra el primero de los derechos fundamentales: el de vivir, que corresponde a todo ser humano. Más cortapisas y trabas a la acción de la Justicia, sólo para estos delitos, y todo ello mientras nos lanzamos a una justicia universal sin límites -éste es el otro lado de la moneda- para investigar las masacres –por muy nobles y justas que sean su investigación y sanción- en  Guatemala o la lejana Ruanda.  Las masacres de aquí dentro (más de un millón de niños abortados en España) no salen en los noticiarios; y menos que saldrán con la ley del blindaje que prepara el Gobierno.