La licencia de derribo de un Estado en ruinas
Los españoles formamos una nación que tiene dificultades para mirarse en el espejo actual y en el de su historia, y que ya hace mucho tiempo se olvidó de que (…)
Los españoles formamos una nación que tiene dificultades para mirarse en el espejo actual y en el de su historia, y que ya hace mucho tiempo se olvidó de que lo bueno sin sacrificio no permanece durante mucho tiempo.España es como un edificio en el que sus vecinos únicamente se preocupan por su maravilloso piso particular, olvidando que son las zonas comunes a todos las que nos permiten disponer de un maravilloso lugar particular. Una gran parte de los habitantes de ese edificio no sólo se han despreocupado de lo que nos une a todos, sino que incluso han ocupado zonas comunes a todos para hacerlas desaparecer y convertirlas en parte de su uso exclusivo y excluyente.
Obviamente, si son los propios vecinos del edificio los que eligen de entre ellos mismos al presidente de su comunidad, éste último no se preocupará por las zonas comunes más que sus propios vecinos de los que él forma parte, sino que se preocupará más por su propio piso particular y por el de los que le apoyan, todo ello a costa de lo común a todos.
Se ha llegado a un punto en el que muchos están tan ciegos con su propia casa que cuando salen de ella y pasan por las zonas comunes no se dan cuenta de que las grietas que hace tiempo surgieron se han convertido en auténticos boquetes de un edificio en ruinas. Esos boquetes sólo pueden ser reparados por la propia comunidad, y si esta no adopta medidas urgentes, tarde o temprano nuestro edificio entero se vendrá abajo.
De esta forma, a todos parece que nos gusta ver como nuestras comunidades autónomas tienen tantas competencias, como nuestros costosos parlamentos regionales se reúnen y adoptan numerosas normas -sean necesarias o no-, como nuestra comunidad autónoma también dispone de una propia administración pública con una envergadura igual o superior a la estatal y municipal, como varios presidentes de Comunidad Autónoma están encantados de aparecer públicamente como si fuesen presidentes de un estado, etc. Sin embargo, no nos damos cuenta de que toda la pomposidad de las comunidades autónomas se ha gestado a costa y en detrimento del cuidado, protección y mejora de nuestras zonas comunes, es decir, de las imprescindibles instituciones estatales como el parlamento nacional, los tribunales de justicia, las fuerzas de seguridad, nuestros principios y valores comunes, etc. Así, por ejemplo:
- - El parlamento nunca había tenido tan poca importancia como centro de debate público nacional; está controlado absolutamente por el poder ejecutivo de turno; y se ha convertido básicamente en un centro de mercadeo entre uno de los dos partidos políticos con posibilidades de gobernar y los distintos partidos nacionalistas regionales, que casi siempre serán los dueños de la llave que abre la puerta del gobierno impidiendo con ello cualquier cambio serio del sistema.
- - El Tribunal Constitucional está totalmente a la altura del sistema judicial español en cuanto a tiempo de resolución de los procedimientos judiciales, y está peor que dicho sistema en cuanto al perfil de alguno de sus miembros que se parece demasiado al de los políticos que los nombraron.
- - Las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales carecen de los medios necesarios para desempeñar su trabajo con garantías y motivación, por ejemplo, da pena comparar la gran mayoría de los cuarteles de la Guardia Civil con las cuasimansiones que constituyen algunos cuarteles de la policía local de muchos municipios.
- - La religión que nos unió y que permitió la formación de nuestra nación está sometida a todo tipo de ataques por parte de los poderes públicos ante la inacción de muchos creyentes.
Como ocurre con todo edificio en estado ruinoso, siempre hay alguien interesado en que el edificio se derrumbe del todo para levantar algo totalmente distinto e incluso al margen de lo anterior, y para ello solicita la correspondiente licencia de derribo. Pues bien, en mi opinión el Estatut de Cataluña aprobado por su parlamento regional y ratificado en lo fundamental por el parlamento nacional constituye la licencia de derribo de la España surgida con la Constitución de 1978.
El Estatut constituye, entre otras cosas, el intento por el PSOE de trasladar su estructura de partido a la estructura constitucional de España -igual que han hecho los partidos comunistas que han obtenido el poder en distintos países a lo largo de la historia-, en el sentido de que ya el PSOE nacional tiene que negociar todas las cuestiones nacionales importantes con el PSC, por lo tanto ningún inconveniente supone el Estatut para el PSOE, al revés, le convertiría en prácticamente imprescindible para gobernar España.
Resulta obvio que los males anteriormente referidos ya se habían producido en España antes del Estatut, en tal sentido lo grave de una hipotética aprobación por el Tribunal Constitucional de las cuestiones fundamentales del Estatut no sería que éste último añadiese por sí mismo un mal nuevo a los ya existentes, sino que lo grave es que ya sería imposible rehabilitar el edificio y la única solución consistiría en su derribo efectivo y en la creación de uno nuevo, con todos los riesgos que ello conlleva.
En consecuencia, aunque finalmente el Tribunal Constitucional modificase el Estatut en sus aspectos más sustanciales e inconstitucionales, los serios problemas de España continuarían sin haberse solucionado. Por lo tanto, en cualquiera de los casos posibles, la caída de nuestro edificio no se produciría sólo por el Estatut en sí mismo, sino porque la nación común a todos seguiría en su grave estado de deterioro y, tarde o temprano, caería bien porque nuestro sistema se autoinmole por inoperancia para solucionar cualquier crisis seria, o bien caería por la ayuda de algún tercero alentado por nuestra mala fachada, como ya se intentó en su día a menor escala con la marcha verde.

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