Las recetas educativas de la derecha parlamentaria

By agustín on Mar 24, 2010 | Responder

Me parece un artículo muy atinado y demuestra donde está la sociedad española. Porque no olvidemos que los políticos salen de la propia sociedad. Pero para más inri, generalmente salen de las capas con menos ganas de progresar como personas y moralmente. Lo único que buscan es resolver sus temas económicos y esto sin excepciones y sino a los hechos me remito.

By Dioinisio on Mar 25, 2010 | Responder

La derecha política es mucho peor que la izquierda porque además engaña ( y gran parte de ella se autoengaña). Es tan socialdemócrata y estatista como ella. Están unidas, pese a sus diferencias por las prebendas del poder, por el consenso, una dictadura encubierta por el pluralismo del Estado de Partidos. La derecha y la izquierda no son más que dos tendencias de la misma oligarquía despótica sino totalitaria que sólo se distinguen por su competencia por el poder.
Discrepo del articulista en cuanto a la dependencioa del Estado del sistema educativo: la educación debe estar completamente libre de injerencias estatales en cuanto a planes de estudio, recetas educativas, etc. Si acaso que el Estado tenga sus propio sistema educativo y el que quiera que se sirva de él.
La manía del inglés es para satisfacer a los nacionalistas a fin de que haga de lengua común

By vicen on Mar 26, 2010 | Responder

Dioinisio:
Si no hay planes de estudio quién dice que ese es arquitecto de modo objetivo?
La gente no se inclina por el socialismo, sino por el que le da más estado del bienestar. Sic. El que mejor lo cuente gana. sic.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

El cometido propio del Estado en la tarea de la educación es fundamentalmente el de una ayuda a la iniciativa privada. Afirmar el carácter subsidiario de la función educativa del Estado significa, ante todo, que éste no posee, en modo alguno, la titularidad más inmediata del derecho a educar, como tampoco la del deber correspondiente. Ambos títulos recaen naturalmente, y de una manera primordial, en la iniciativa privada: muy en concreto, en la que concierne a los padres como responsables naturales de la formación de sus hijos.

Únicamente si la iniciativa privada no cumple su cometido educativo, o si lo cumple insuficiente, debe el Estado, en nombre de los intereses generales, intervenir en el ámbito de la educación supliendo lo que realmente ésta no hace. (Por lo demás, se ha de sobreentender que la suplencia estatal de lo que no hace la iniciativa privada no es la suplencia de lo que ésta omite porque el Estado no se lo deja hacer).

En el supuesto de que la iniciativa privada atendiese de un modo suficiente a todas las exigencias de la educación, el Estado conservaría, sin embargo, una función que le es esencial y propia: la de promover y mantener las condiciones de índole general que en la vida civil hacen posible la práctica del cometido educativo de la iniciativa privada. Ello responde a la índole subsidiaria del Estado -sin ser una suplantación ni una suplencia-, porque tiene el sentido de una ayuda con carácter común o general.

La escuela no debe ser un órgano ejecutivo del Estado, ni un campo de experimentación política relativamente impune, ni un recinto –eficacísimo- de manipulación. La forja y el adoctrinamiento de niños por el Estado deben rechazarse, salvo que alguien los considere deseables para sus hijos.

Solamente un Estado proclive al totalitarismo puede arrogarse el derecho a decidir sobre la hechura espiritual de sus ciudadanos, sobre sus modos de sentir y pensar, sus conocimientos y sus convicciones. El Estado como institución se excede inevitablemente en sus atribuciones cuando pretende dar disposiciones y prohibiciones sobre dónde deben los niños recibir enseñanza y ser educados.

Hora es ya de que desaparezca, y con urgencia, esa tutela que el Estado ejerce con la férula de su política educativa y que se incrementa de día en día. La escuela no debe ser degradada a la condición de instrumento político manejado por la mayoría parlamentaria de cada momento, pues ello constituiría una forma sutil de dictadura. Y por esto es necesario que deje de servir como fábrica de ideologías para los revolucionarios reprimidos.

La misión del Estado debería consistir en conciliar los diversos intereses de sus ciudadanos, ejerciendo una alta mediación, y en proteger la libertad de conciencia, exigir y controlar unos mínimos de conocimientos y procurar para todos las mismas oportunidades de educación y formación en un régimen de libre promoción de centros. La escuela no debe ser rebajada -como ya lo está siendo por desgracia en gran medida- a la condición de simple órgano ejecutor de la voluntad del Estado. Porque una libertad administrada por el Estado ya no es libertad.

El monopolio estatal de la enseñanza se opone a los derechos natos de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades. Por ello, a toda persona de mentalidad auténticamente liberal debe parecer obvio que los padres, a quienes incumben con preferencia la misión y el derecho inalienables de educar a sus hijos, deben ser realmente libres para elegir escuela.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

El monopolio estatal, incluso cuando por razones tácticas no se postula abiertamente, puede querer imponerse en la práctica por otros caminos. El camino más trillado será, sin duda, el de la gratuidad escolar discriminatoria. En efecto, si se implanta la gratuidad exclusivamente en las escuelas estatales, sostenidas totalmente con cargo al presupuesto nacional, mientras que el Estado rehúsa prestar una ayuda eficaz a las escuelas de fundación no estatal, entonces la libertad educativa, aun admitida por la letra de la ley, de hecho se desvanece y está llamada a desaparecer tarde o temprano; y la razón es obvia: las escuelas libres y autónomas, abandonadas a sus solos recursos, se convertirán pronto en económicamente prohibitivas para la inmensa mayoría de los padres.

La defensa del derecho de los padres a la educación de los hijos, la libertad para que puedan escoger las escuelas que en conciencia prefieran, es uno de los imperativos que el ciudadano ha de lograr que sean respetados en el presente y en el futuro de un país. La educación –conviene decirlo- no es un servicio público, si por tal se entiende un monopolio excluyente del Estado, como si los niños y jóvenes fueran bienes de dominio público. Ha de quedar bien claro –hay que repetirlo hasta la saciedad- que los hijos son de los padres, que los hijos no son del Estado. Donde son del Estado, no existe libertad ni democracia, sino tiránico y refinado totalitarismo. La educación es un servicio, sí, pero un servicio social, una gran empresa colectiva que la sociedad entera –padres de familia, instituciones, grupos de ciudadanos, etc.- tienen el derecho y a veces el deber cívico de promover. Y el Estado ha de reconocer que, cuando esos centros ofrecen las garantías que el bien común demanda, la función social que cumplen será, cuando menos, tan valiosa y respetable como la de las escuelas estatales.

Hace falta proclamar –insistamos aún- que la libertad educativa no es compatible con una gratuidad escolar discriminatoria, es decir, exclusiva de los centros del Estado, sostenidos con fondos públicos. La gratuidad no puede ser nunca la prima de expropiación forzosa de los hijos, el precio por el que muchos padres se vean obligados a enajenar su derecho a elegir la escuela donde educarles. La justicia distributiva exige que no sea así. La gratuidad podrá establecerse o no, y hasta un nivel u otro, según lo permitan en cada momento las posibilidades de un país. Pero, para cualquier supuesto, los medios económicos que el Estado dedica a la educación deben ser distribuidos con justicia entre todos los centros de enseñanza, sean éstos creados por la iniciativa del Estado o por iniciativas no estatales, con tal que unos y otros estén al servicio de la sociedad, en igualdad de condiciones académicas y sin discriminación alguna para los alumnos.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

Existe en algunos ambientes la tendencia a polarizar excesivamente esos dos aspectos de la educación: la estatal y la privada, como si se tratara de facciones enemistadas. Se olvida con frecuencia la movilidad del profesorado, que muchas veces se ha formado en el sector privado, ocupando después un puesto en el estatal y no raramente regresando de nuevo a aquél. Muchas de las escuelas pedagógicas que han hecho época, han surgido de instituciones privadas. Unificar la enseñanza es prescindir de la sana emulación a que un sistema autónomo de educación da lugar. Si la calidad de la educación impartida en centros estatales no ha sido siempre la que era de desear, no fue ciertamente por falta de iniciativa de su cuerpo docente.

La educación estatal, además, no es algo que interese sólo al Estado: al contrario, interesa a todos los ciudadanos, que son quienes con sus impuestos la mantienen. Y es interés de todos el que la calidad de la enseñanza que imparta sea la mejor posible: la escuela estatal no es propiedad del Estado o de los partidos; debe estar al servicio de la familia y de la sociedad. Son, pues, muchos los falsos planteamientos sobre la educación estatal que hay que aclarar.

En algunos países europeos, la escuela privada está pasando por momentos de gran auge, debido, entre otras razones, a la decadencia de la escuela estatal, que tiempo atrás gozaba de más prestigio. Ante esta situación, ciertos políticos y partidos, que han contribuido a ese progresivo desmoronamiento, insisten ahora en presentar los sacrificios que muchos ciudadanos deben afrontar para hacer estudiar a sus hijos en escuelas privadas, como un deseo de figurar, como un índice del lujo con que quieren vivir. Con frecuencia, se trata incluso de personas que habían siempre sostenido la validez de una educación estatal, laica, no confesional. Si ahora deciden enviar a sus hijos a escuelas privadas, incluso confesionales, lo hacen porque quieren disminuir las posibilidades de que sus hijos salgan de la escuela corrompidos, pervertidos, drogados, o tan sólo fanatizados por la menos neutra de las educaciones.

Los partidos políticos que han nacido con manías totalizantes no pueden pretender establecer en materia educativa un monopolio estatal, que conduce únicamente a manipular a la juventud. Los hijos no se nacionalizan como las empresas. Los hijos no pueden quedar a merced del último ideólogo de turno o del partido que haya ganado las últimas elecciones. La libertad de enseñanza, que se concreta en un pluralismo escolar dotado de real autonomía, es la garantía de que serán educados en la libertad, de que aprenderán a discurrir por cuenta propia y no por cuenta ajena. Sólo quienes piensan que la escuela es y debe ser un lugar de condicionamiento ideológico, y dan por descontado que sólo el suyo es el bueno, pueden pensar que hay que suprimir el pluralismo escolar. El problema estriba en que la educación no es nunca un condicionamiento, sino un continuo perfeccionamiento en la búsqueda de la verdad y en la práctica de una vida recta, propia de todo hombre de bien.

El tirano es una figura que no es hoy en día demasiado actual. Sin embargo, la impopular figura del tirano está representada actualmente en aquellas ideologías totalitarias que proponen un modelo de sociedad estructurada en leyes que corrompen el bien común. Una sociedad estructurada sobre leyes injustas es una sociedad que se disgrega, una sociedad en la que sólo quien no sea honrado puede sentirse a gusto. Por esto, hay que poner los medios y luchar sin cansancio, no dando por perdido lo que no lo está, para conseguir que las leyes que rigen la sociedad vayan de acuerdo con la ley natural -pueden y deben ir-, y no sean injustas ni tiránicas.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

Una de las consecuencias del pluralismo social que tanto se difunde a nivel político es, lógicamente, el pluralismo escolar, es decir, la coexistencia de diversas instituciones escolares que permitan a los padres escoger el tipo de escuela que mejor responda a su propia concepción de la vida, y en la que desean educar a sus hijos. En realidad, esta diversidad es consecuencia de que la educación es un derecho natural, cuya titularidad recae primariamente en los padres.

1. Objetan algunos que la escuela privada ofrece una concepción parcial de la cultura, ya que ésta es impartida según las características del centro. Esta afirmación es incorrecta, ya que olvida que en la sociedad existe también un pluralismo cultural. Si por parciales hay que suprimir las escuelas privadas, ¿por qué los partidos políticos, que como su propio nombre indica no son la totalidad, deberían subsistir? La escuela única sólo pueden proponerla quienes tengan vocación de partido único. No hay que olvidar tampoco que lo social no coincide con lo estatal, ni siquiera a nivel descentralizado. La estructura política y administrativa de cualquier Estado es siempre, lógicamente, mucho más raquítica que la vida social. Querer identificarlo supone siempre empobrecer a la sociedad.

2. Para otros, en cambio –aunque generalmente son los mismos-, la enseñanza privada carece ya de sentido, porque vivimos en una época en la que el Estado puede hacerse cargo de la totalidad de la educación. La función de aquélla habría sido de mera suplencia provisional. Como puede observarse, se trata de una inversión del principio de subsidiariedad, que consiste precisamente en lo contrario: la primacía de las personas y la suplencia por parte del Estado en lo que aquellas no alcancen a realizar y mientras no se hallen de nuevo en condiciones de realizarlo.

3. No faltan tampoco quienes insisten en el viejo tópico del dinero público a las escuelas públicas. Aquí se confunde de nuevo lo público con lo estatal. Si por público se entiende aquello a donde pueden ir las personas que lo deseen, no cabe duda de que hay mucho público que va a las escuelas que no son estatales, y que cumplen una función pública. El dinero no es algo público; sale del bolsillo de los particulares. Hay partidos –y también gobiernos- que parecen olvidar que no son propietarios, sino meros administradores de los dineros de los demás.

En otras palabras, se acepta el pluralismo como un hecho político, pero se niega el pluralismo como característica fundamental de la comunidad.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

Nunca como hoy se ha proclamado tanto y con tanta fuerza la libertad como un valor supremo, y nunca como hoy también se ha conculcado tanto. Precisamente en nombre de la libertad se justifican hoy toda clase de ataques a la libertad y a los derechos fundamentales de la persona humana. Es el mismo hombre quien, al no asumir la responsabilidad que la libertad comporta, levanta las barreras o pone los obstáculos o impedimentos que se oponen a la felicidad propia y ajena en el seno de la sociedad.

En una sociedad en donde no se reconoce ninguno de los principios morales fijos, en donde se enseña que todo es relativo y subjetivo y que nada debe considerarse sagrado ni merece un respeto absoluto, no es de extrañar que muchos terminen, de hecho, por no respetar nada en absoluto, por no respetar ni lo personal ni lo social, ni propiedad, ni ley, ni libertad, ni vida.

El principio básico para el ordenamiento legal de la enseñanza y la educación es la libertad de enseñanza.

Enseñar y educar no es otra cosa que transmitir el sistema de ideas, de cultura, de ciencia, de moralidad y de religión. Por consiguiente, las libertades de cultura, de las conciencias y religiosa quedan gravemente cercenadas –y reducidas a la triste condición de libertades residuales- sin verdadera libertad de enseñanza.

La libertad de enseñanza, como derecho natural que es, debe ser respetada en cualquier forma legítima de gobierno, pero en un régimen democrático adquiere una importancia suprema por la misma concepción de la democracia.

Por eso es regla elemental de una verdadera democracia el respeto a la libertad de pensamiento filosófico, científico y cultural y, con ella, la libertad de comunicación, de palabra.

La necesidad de oponerse a las pretensiones totalitarias del Estado es lo que motiva el famoso artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. O bien el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Es decir, los más importantes documentos del derecho internacional han seguido la dirección que está de acuerdo con el sentido de la libertad y de la dignidad de la persona.

El artículo 27 de la Constitución Española del 78, en su punto 1, dice: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Y más adelante, en sus puntos 3, 4, 6, 7 y 9, añade: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3), “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita” (art. 27.4), “se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales” (art. 27.6), “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca” (art. 27.7) y “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca” (art. 27.9): el reconocimiento, en suma, de un doble derecho en materia educativa: el derecho de todos a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza.

La educación es una prolongación de la generación, de modo que los padres tienen la misión –el deber grave- de educar a los hijos y, también, el derecho frente a los demás de educarlos. Por esa razón, es un derecho fundamental de los padres que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. Este derecho de los padres –por extensión, de la familia- es irrenunciable y anterior a cualquier otro derecho de la sociedad y del Estado; por esto, es inviolable.

Este derecho que acabamos de enunciar comporta el respeto a la dimensión educativa de la convivencia familiar, como ambiente a través del cual el hijo recibe una importante influencia educativa. Comporta, además, el derecho de los padres a elegir las escuelas para sus hijos, y a crear y sostener centros educativos que estén de acuerdo con sus convicciones.

No hay sociedad libre si la cultura y su transmisión están en manos del poder. Si el Estado se convierte en el sujeto de la cultura y en sus manos está el medio de su transmisión, que es la enseñanza, no es posible el hombre libre. Para construir una sociedad verdaderamente libre es indispensable que la ciencia y la cultura estén en manos de la propia sociedad. No hay peor encadenamiento de la persona y de la sociedad que el dirigismo cultural, o sea atribuir al Estado la función de dirigir la cultura y su transmisión.

Sin libertad de enseñanza no hay libertad de pensamiento y de conciencia; hay en cambio –decíamos-, dirigismo cultural, pretensión de imponer desde el Estado una determinada concepción del mundo, del hombre y de la sociedad. Sin libertad de enseñanza no hay verdadera democracia ni sociedad libre. En todo caso habrá votaciones y asambleas, pero no libertad.

Si el sujeto y agente de la cultura, de la moralidad y de la religión es el hombre y no el Estado, el sujeto y agente de la enseñanza es la persona, no el Estado. La transformación del Estado en sujeto y agente de la enseñanza, tanto cercenará la libertad cuanto suponga hacerse sujeto y agente primero y principal de la cultura.

La libertad de enseñanza está al servicio de la libertad de concepciones culturales y de las conciencias, es su corolario necesario. Por lo tanto, carece de sentido, o más bien constituye un atentado frontal a esas libertades, no garantizar y sobre todo imponer una regulación de la iniciativa ciudadana que yugule, dificulte o haga muy difícil el mantenimiento de las convicciones filosóficas, morales y religiosas que constituyen el ideario de la escuela y lo que, frecuentemente, ha motivado su creación. En tales supuestos, no hay respeto a la libertad de enseñanza, como no lo hay a las libertades de pensamiento y de conciencia. Quienes crean un centro de enseñanza han de tener en sus manos los resortes de su dirección. Nada de lo dicho debe interpretarse en el sentido de que el Estado deba desentenderse de la enseñanza y de la educación. Conlleva, sin embargo, que el Estado asuma su propio papel sin invadir el de la sociedad. Y este papel del Estado es el mismo que el que tiene respecto de las demás libertades: el Estado debe reconocer, garantizar y regular el ejercicio de la libertad de enseñanza. Ante todo, reconocerla, y esto se hace, como paso imprescindible, asumiéndola como base de toda la legislación educativa y como principio fundamental del gobierno en materia de enseñanza. Ciertamente el Estado puede, y debe, asumir metas y objetivos concretos en el campo de la enseñanza, sin limitarse sólo a reconocer la libertad: puede ordenar esta materia, puede –y debe– ponerla al alcance de todos, pero todo ello ha de hacerse en función y en servicio de la libertad de enseñanza. En segundo lugar, garantizándola, o dicho de otro modo, posibilitando su ejercicio. Y es aquí donde entra, en las circunstancias actuales, la necesaria ayuda del Estado a los ciudadanos, lo cual supone no limitarse a reconocer la libertad de enseñanza como una libertad meramente formal, sino sobre todo, como una libertad real. No entender esto, es encerrarse en una falta de imaginación política, cuando no constituye un ataque a la libertad de las conciencias y, en consecuencia, a la tarea de construir una sociedad en la libertad, en la justicia y en la solidaridad.

Un pueblo manipulado, unos ciudadanos masificados, por mucho que participen en asambleas y votaciones no forman un pueblo libre, ni son ciudadanos que vivan en libertad. Son marionetas del grupo manipulador, que convierte el régimen político en una dictadura oligárquica, aunque tenga la máscara de una democracia.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

Del concepto mismo de educación se puede inferir con claridad la íntima relación que tiene la educación y la vida humana. Todo el mundo acepta sin dificultad que la educación es preparación para la vida. Es más, la educación es propiamente vida, porque es actividad y perfección.

La educación se refiere y se realiza primariamente en el orden personal. Debe entenderse que lo personal no se refiere exclusivamente a las características individuales y peculiares de cada ser humano, pues la persona humana es una realidad abierta que no se puede desarrollar sino a través de la comunicación. De aquí que la educación, siendo una realidad primariamente individual, se proyecta también en la vida social del hombre.

Vista en la perspectiva social, la educación como preparación para la vida plantea muy serios problemas. Basta tener en cuenta que una característica de la sociedad actual es el cambio rápido. Por tanto, más que proporcionar determinados conocimientos concretos, o normas y patrones de actitudes y reacciones para problemas y situaciones sociales dadas, interesa capacitar al hombre para conocer cualquier situación en que se puede encontrar y saber cómo debe reaccionar adecuadamente a ella. Más que la adquisición de un conocimiento enciclopédico, interesa el desarrollo de hábitos de trabajo intelectual y de criterios de valoración.

Si el hombre se ha de mover en una sociedad compleja y cambiante, el problema está en hacerle capaz de distinguir lo importante de lo trivial, lo permanente de lo transitorio, lo real de lo aparente. Sólo así el hombre podrá ir seguro por un mundo propicio a la confusión y en el que reina la ambigüedad; sólo así será capaz de encontrar camino en el mar, entre las olas senda segura (Sabiduría, 14, 3). La educación, si tiene como fin el desarrollo pleno de todas las facultades del hombre, ha de tener siempre en cuenta su dimensión espiritual y el fin último trascendente al que está llamado por Dios.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

La educación es el complemento natural de la procreación, algo que ésta reclama para su propio efecto, en virtud, justamente, de la necesidad que en él existe de ser ayudado y atendido en el proceso de su desarrollo. Así es realmente cómo la actividad educativa prolonga, de una manera natural, a la generación o procreación.

Estamos, por tanto, hablando de un auténtico nexo natural entre lo uno y lo otro, hasta tal punto que la educación no se limita a añadirse a la procreación como si sólo fuese respecto de ésta un perfeccionamiento o complemento puramente exterior y, por ello mismo, no exigido desde el ser de la prole en cuanto tal.

Tan íntima es, por el contrario, la unidad entre la educación y la procreación, que ésta tiende a prolongarse en la actividad educativa como en su propia forma de plenitud y merced a un impulso esencialmente idéntico en lo que es de la esencia de la paternidad propia del hombre.

De ahí la necesidad de sostener que los primeros responsables naturales de la actividad educativa son los progenitores. La responsabilidad natural de la educación tiene el sentido de una consecuencia natural de la responsabilidad propia de los padres.

Lógicamente se comprende bien que la ideología colectivista no tome como punto de partida, para su forma de interpretar la educación, ese íntimo nexo natural entre ésta y la procreación. Pero no hay forma, en cambio, de entender que se atente contra este nexo cuando la mentalidad de que se parte es la que afirma los derechos y los deberes que naturalmente se derivan de la responsable libertad del ser humano como algo anterior a cualquier derecho positivo.

No es legítimo hablar de una paternidad responsable si se prescinde en la teoría o en la práctica de la responsabilidad educativa que conlleva la procreación. Tal responsabilidad es un derecho en la misma medida en que es también un deber. Por ello mismo hay ya en su fundamento natural una objetiva exigencia de recabar y poner todas las condiciones que hacen posible cumplirlos con la más plena sinceridad en la intención.

La conciencia de la responsabilidad educativa que los padres tenemos –precisamente porque somos padres- no se puede escindir de la conciencia de nuestra libertad como personas humanas. Tal escisión, que pretende justificarse con las falsas razones de una actitud egoísta, no tiene nada que ver con la más noble acepción de todo auténtico y esencial liberalismo, porque éste precisamente es consecuencia con los más altos valores de la libertad si al mismo tiempo se enlaza con la responsabilidad indeclinable que nuestras libres decisiones nos confieren.

En consecuencia, tampoco puede admitirse, moralmente, una libre renuncia de los padres a su derecho y deber de elegir los educadores que les suplan en lo que no puedan realizar para la formación de sus hijos. Sin duda alguna, los padres tenemos que delegar toda una serie de aspectos de la realización de esa tarea. Pero lo que no podemos delegar es el derecho-deber de elegir las personas que en esos aspectos nos sustituyan. Pretender que ambas cosas son idénticas es salirse por la tangente de una inexcusable confusión, solamente posible cuando se empieza por no querer asumir la esencial responsabilidad educativa que va implícita en el sentido de toda paternidad.

También es claro que los padres podemos pedir consejo para la elección de los centros en que vayan a formarse nuestros hijos. Pero el consejo no quita la responsabilidad a quien lo pide, ni el pedirlo deja de ser un ejercicio de nuestro libre albedrío. Lo que se opone a ambas cosas es que el Estado intervenga con una suplantación de las atribuciones de los padres, pretendiendo tener más altos títulos que los que éstos poseen, o como haciéndoles un favor que en realidad tendrían que agradecerle.

Hay favores que no pueden admitirse. Seguramente, el desarrollo de esta idea nos llevaría muy lejos en la crítica del intervencionismo del Estado. Sin embargo, aquí hemos de limitarnos a rechazar la idea del presunto favor que los gobernantes nos harían al descargarnos de una de las dimensiones integradas en la responsabilidad educativa que como padres tenemos. No queremos ese favor. Y no lo queremos, sencillamente porque estamos dispuestos a asumir las cargas y los derechos naturales, fundamentalmente intransferibles, de una paternidad que se prolonga en la noble tarea de la educación de nuestros hijos.

By Luis on Abr 19, 2010 | Responder

Injertada la educación en la realidad del vivir humano, es menester considerar, no únicamente las posibilidades y limitaciones individuales –aunque esto sea lo primero-, sino el contexto social en que la vida se desenvuelve.

Cualquier situación humana, cualquier trabajo, cualquier dedicación profesional, es igualmente valiosa como elemento de perfección humana.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

No deja de ser una paradoja lo que sucede en el socialismo liberal. Se trata de algo que nos interesa especialmente porque atañe de un modo muy inmediato a la cuestión del derecho de los padres a elegir los centros educativos de sus hijos. Salvo honrosas excepciones, todos los socialistas liberales son partidarios de la enseñanza estatal en exclusiva. Con esto se comprueba una vez más la tendencia de todo socialismo a convertirse en un “estatismo”, y conste que el socialismo liberal no ha dejado de preocuparse, precisamente en virtud del coeficiente liberal que en él existe, de los graves problemas que la centralización y el estatismo le plantean al valor de la libertad del ciudadano.

Por lo común, ante el socialismo liberal la gente no se interesa sino por la cuestión de hasta qué punto admite éste los derechos de la propiedad privada. Ciertamente se trata de una cuestión importante no ya sólo en sí misma, sino también por sus repercusiones sobre otros asuntos decisivos en la estructura de la coexistencia humana o de la vida civil en general. Pero si el tema de la propiedad privada es importante, ello en último término se debe a que ésta significa un instrumento que hace posible la iniciativa privada y, a la vez, la iniciativa privada no se limita a sus aplicaciones a los bienes de naturaleza material.

En el ámbito de esa iniciativa entran también, y en una forma eminente, otros bienes de rango superior: los que son el objeto de la actividad educativa en su más amplio o esencial sentido. Y todos ellos se relacionan claramente con la dignidad de la persona humana y con la libertad propia de ésta.

El socialismo liberal reconoce y acepta la libertad, también la justicia, pero entendiéndolas en la forma de unas grandes rúbricas abstractas, enteramente indeterminadas, que en principio todos los hombres están dispuestos a admitir. Las discrepancias empiezan cuando hay que determinar concretamente la forma de llevar a cabo la justicia y la libertad (como igualmente la tolerancia, inicialmente entendida, asimismo, como un valor abstracto).

A la hora de hacer esa concreta determinación surgen las diversas opiniones y la única forma de establecer algo definitivo es recurrir al sistema de la votación y respetar lo que salga de las urnas. En este sentido, el socialismo liberal es evidentemente liberal. Nadie puede negarle que se merece este título. Pero el socialismo liberal ha ido mucho más lejos que el viejo liberalismo, aunque es verdad que ya en éste se encontraban los gérmenes del extremoso relativismo en que hoy se incurre. De todas formas, el viejo liberalismo reconocía, a su modo, unos ciertos derechos naturales, que como tales no se discutían. Pero el socialismo liberal no reconoce estos derechos naturales. Para él, todo es opinable, porque no admite que el hombre esté previsto de una naturaleza o esencia que él mismo pueda conocer y de la cual derivan unas expresiones objetivas igualmente esenciales. Las únicas exigencias de las que el socialismo liberal se manifiesta abiertamente partidario son de carácter técnico, de tal manera que el coeficiente socialista que en esta ideología existe resulta así presentado como un elemento necesario para la mejor organización de la sociedad.

Cabalmente es la técnica socialista de la organización de la sociedad donde se halla el motivo por el que ha de excluirse, según este movimiento, toda enseñanza que no sea la del Estado. Y así hace falta decir que en este punto el llamado socialismo liberal es mucho menos liberal que socialista. En materia de educación, se trata de un movimiento que representa un puro y simple socialismo, sin mezcla alguna de liberalismo. Aunque usa el adjetivo liberal, prescinde de su significado y su valor a la hora de establecer concretamente el modo en que la enseñanza debe ser impartida, interpretándola como uno de los cometidos del Estado y excluyendo el derecho de la iniciativa privada a la creación de los centros educativos correspondientes.

Es increíble la ceguera que hay en este asunto cada vez que se le examina desde el punto de vista del simple interés político. Porque en efecto sucede que incluso los que se muestran partidarios del llamado socialismo liberal, lo consideran, no obstante, como efectivamente liberal, basándose en que este movimiento entra en el juego del sistema de los partidos y está dispuesto en su caso, a admitir lo que salga de las urnas. ¡Qué pobre idea de la libertad! Por lo visto, se piensa que la respetan los que no admiten el derecho de los padres a la elección de los centros educativos de sus hijos.

¿Piensan ustedes, realmente, que cabe ser liberal a la vez que se niega ese derecho? ¿O es que el derecho en cuestión se refiere a un asunto de muy poca o ninguna trascendencia?

Mucho nos tememos que la discusión de la validez de los diversos movimientos políticos se esté llevando a cabo sin entrar a fondo en las cuestiones de mayor trascendencia e importancia. Y estamos seguros de que la mayoría de los que hablan sobre el socialismo liberal sin ser partidarios de él no llegan ni tan siquiera a preguntarse cuál es la actitud que éste mantiene en una cuestión tan grave como la tarea educativa. Hasta tal punto hay ignorancia y confusión acerca de ello, que hemos podido comprobar que no son pocos los que se figuran que la actitud del socialismo liberal en materia de educación se reduce al principio de la igualdad de oportunidades, es decir, a algo que esencialmente nadie niega en el momento presente.

Pero una cosa es la igualdad de oportunidades y otra la tesis de que el Estado tiene el monopolio del derecho a la educación. Tal monopolio no se justifica por la mencionada igualdad. Porque la obligación de hacer posible que todos los ciudadanos se eduquen –una obligación del Estado, sin duda alguna- no autoriza a afirmar que todos los centros educativos hayan de ser estatales. Para resolver los problemas económicos implícitos en el derecho de todos los ciudadanos a ser educados, no hace ninguna falta que sean instituciones estatales los centros de educación.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

Hay que exigir que el Estado ayude y facilite la enseñanza privada, ya que en este terreno su función es subsidiaria. Son muchos los puntos en que se puede mejorar, y hay que defenderlos, teórica y prácticamente. Entre ellos está la libertad de los padres de familia para poner colegios; el derecho de recibir como subvención, al menos una cantidad igual por puesto escolar a la que el Estado gasta en centros estatales -lo que plantea el interesante problema de conocer el coste real del puesto escolar oficial, determinado con criterios contables paralelos a los empleados en el sector privado-; el derecho a la libre contratación del profesorado, a la libre elección del texto escolar y del programa de enseñanza, el derecho a la autonomía de la dirección de los centros; el derecho a recibir donaciones deducidas de la base imponible del contribuyente; la necesidad de la enseñanza de la religión, y más en momentos como los actuales, etc.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

Reconocemos que la familia es la primera y principal escuela de humanidad: es la mejor e imprescindible transmisora de los valores, educadora en las virtudes, lugar donde se aprende a amar, y guía en la búsqueda de la verdad. Los padres son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. Se ha de facilitar este derecho-deber educativo de los padres, para que puedan elegir los centros docentes y definir su ideario, en el respeto a su libertad de enseñanza, incluyendo la enseñanza religiosa.

Afirmamos que los padres son también los primeros y principales responsables de la educación afectivo-sexual de sus hijos.

Denunciamos la perversa infiltración en los ámbitos educativos de la ideología de género, que pretende diseñar la sexualidad y su ejercicio al margen de los referentes de la antropología adecuada e integral.

Con diversos eufemismos, como “libertad sexual, sexo seguro, salud reproductiva” los organismos públicos, nacionales (centros docentes estatales, ayuntamientos, gobiernos autonómicos) e internacionales (Organización de las Naciones Unidas, Parlamento europeo), propagan la promiscuidad sexual en formas aberrantes. De este modo se contribuye a una banalización de la sexualidad y, por tanto, a la destrucción de la persona misma.

By Javier Úbeda Ibáñez on Abr 19, 2010 | Responder

La libertad de enseñanza se pone también de manifiesto en el momento de la elección del centro. Si no existe un pluralismo de instituciones, y se niega la posibilidad de que pueda surgir, esa libertad carecería de contenido. El derecho de elección del centro es un corolario del derecho que los padres tienen de educar a sus hijos. Y el derecho a la erección de nuevos centros significa promover y potenciar esa libertad de enseñanza, y, en última instancia, defender y preservar la libertad y el pluralismo social, fomentando el bien común.

La dicotomía entre una educación estatal gratuita y una educación privada costosa es una injusticia con los particulares, que en el caso de que lleven a sus hijos a un centro privado, se ven sometidos a graves cargas financieras. Deben persuadirse los gobiernos de que, mediante el empeño por resolver estas situaciones injustas, no sólo contribuyen a asegurar a todo niño una educación que respete su propio desarrollo, sino que también defienden la libertad de enseñanza y el derecho conforme con sus propios ideales.

Como es evidente, detrás del problema de la ayuda estatal a las escuelas privadas, se esconde una decisión política. Es decir, lo que se busca es adueñarse primero de la enseñanza para apoderarse después del pueblo, hacer política con los hijos de los demás y conseguir nuevos miembros del partido en lugar de hombres plenamente formados.

La supresión de la libertad de enseñanza no atenta sólo al derecho de los padres. También la libertad de elección del profesorado queda mermada. Con una única escuela, en efecto, no hay posibilidad de elegir. Todos los profesores tendrían que prestar sus servicios bajo el mismo modelo de enseñanza, les guste o no, y con todas las limitaciones inherentes. Lógicamente, nadie piensa en suprimir la libertad de contratación, de movilidad, de los trabajadores, obligándoles a aceptar las únicas condiciones de un único empresario; pero parece que, en cambio, en este otro terreno no habría inconveniente alguno.