Ética y transparencia

Publicado por Santiago Milans del Bosch el 22 de Abril de 2010 en Cultura y Libros.

Los últimos acontecimientos sobre casos de corrupción, que están saliendo a la luz, ponen de manifiesto más que la pillería de unos cuantos, siempre ligados al poder de la política, la profunda crisis de valores que vive la sociedad, a la que, en todos los ámbitos, se le está bombardeando o dejando caer de manera subliminal, pero constante,  acerca de todo lo que es relativismo moral, huyendo de planteamientos “trasnochados y caducos”, como son la existencia del mal, del pecado o de los vicios a corregir.

Es cierto que es importante la ley -la ley justa-, que ha de servir de factor ejemplarizante a la sociedad, y el resto del ordenamiento jurídico, al que  de todos han de quedar de una u otra manera “sometidos” (y que distingue entre actos legales o ilegales).  Pero más lo es la moral, y el ajustamiento de los actos humanos a la misma, que va a ser lo que los va a distinguir entre actos malos (aunque sean legales) o actos buenos.  La bondad o maldad de las cosas no viene determinado por la ley.

Cuando nos referimos al correcto uso y buena administración de los recursos públicos, el tema es especialmente importante, sobre todo en lo referente a la contratación pública, donde el político maneja u ordena el uso del dinero de todos, ese que a veces se confunde con el que no es de nadie (cuando no, de uso propio), ya que los recursos públicos han de tener como mira el bien común, el desarrollo y el progreso de la sociedad.

Y aquí es donde a la ética se le añade como algo inesperable la transparencia: las cosas -las obligaciones y derechos recíprocos entre la Administración y el contratante- han de estar claras (no oscuras) y, sobre todo, no han de esconder tratos privilegiados (amiguismos) o compromisos o exigencias fuera de los pactos escritos; es decir han de ser transparentes (no opacos).  Esta transparencia  no podría llevarse a cabo adecuadamente si el proceso contractual -todo-  no se rigiera por mecanismos que hicieran del mismo un procedimiento prefijado normativamente ente todas sus fases, incluso en la previa a la toma de la decisión de contratar, para determinar si esa inversión es necesaria y/o preferente respecto a otras.  Con publicidad, concurrencia y transparencia se respeta y garantiza la igualdad de oportunidades y la lealtad competitiva.  Además, todo esto contribuye a la reducción de costes, al aumento de calidad, a la reducción de plazos de ejecución, a la mejora de características de cada proyecto y, por supuesto, al aumento del bienestar social.

Pero la infracción de estos principios -manifestación de la cultura del pelotazo: “obtener una ganancia económica (o de otro tipo) a costa de lo que sea”-  con lesión directa o indirecta a terceros -y,  no se olvide que la res pública pertenece a todos los terceros- constituye, ante todo, una falta ética del comportamiento ciudadano -del político o del ciudadano-.   La Encíclica Veritas et  Caritate de Benedicto XVI da en calvo cuando recuerda que si el legítimo beneficio empresarial se ha buscado u obtenido mal (mal de origen)  o no responde al bien común como fin último (mal de destino) se destruye la riqueza y, por tanto, se crea pobreza, ya que lo bueno y lo mejor queda relegado a segundo o último plano.  Y  esto es sumamente grave, aunque lo actos sean legales o las “meras” irregularidades no tengan asociada la sanción de nulidad o anulabilidad de la actividad administrativa.

Aparte del juicio ante los tribunales, está el juicio moral, ante el que la conciencia tarde o temprano responde.  No resulta gratuito obrar mal, legislar contra los derechos humanos o abstenerse de actuar para impedir, hacer frente o denunciar lo que el GPS moral que todos llevamos dentro indica como algo pernicioso para la convivencia y los derechos elementales. Al final, no sale a cuenta utilizar o aprovecharse de tratos injustos o a favor del amigo o del políticamente afín.  Y esto excede del comportamiento relacionado con la contratación: es igualmente predicable a todo cuanto se refiere a la actuación administrativa o, incluso, a la gestión-administración de intereses de terceros o particulares.