Cuando el Estado renuncia a su deber
Los pueblos se otorgan a sí mismos modos de hacer las cosas que le son peculiares. Transmiten de una generación a otra todas aquellas habilidades, costumbres y saberes que les (…)
Los pueblos se otorgan a sí mismos modos de hacer las cosas que le son peculiares. Transmiten de una generación a otra todas aquellas habilidades, costumbres y saberes que les han permitido sobrevivir juntos en unas circunstancias ambientales que son únicas y particulares para ese pueblo. Esa experiencia común es lo que llamamos cultura.Todo ese acervo se manifiesta en obras físicas concretas, en manifestaciones de lo que ese pueblo cree y piensa en un determinado momento de su biografía. Los artistas nos comunican con sus obras los mensajes vigentes en su tiempo en un lenguaje estético comprensible. Eso es lo que compone el patrimonio artístico nacido en el seno de una cultura.
España tiene un inmenso patrimonio cultural, como corresponde a un pueblo que ha sido repetidamente protagonista de la historia. En cifras absolutas solo Italia posee un mayor número de manifestaciones artísticas de tanta variedad de épocas. Este patrimonio que nos rodea, que convive con nosotros, es parte de la herencia recibida y es obligación de cada generación cuidarlo y transmitirlo. El vehículo que permite ese cuidado común es ineludiblemente el Estado, entidad que nos otorgamos los habitantes de un pueblo para administrar las cosas comunes. Aparte de funciones de defensa o de justicia que le son propias, el Estado tiene un poder delegado del pueblo para cuidar de su patrimonio histórico y artístico, ya que este forma parte de su identidad como pueblo, es de disfrute público y va más allá de las necesidades de una sola generación.
El patrimonio como tal no entiende de intereses de partido. Su naturaleza atemporal trasciende los intereses del momento para proyectarse hacia el futuro desde cualquier punto del pasado. Esta realidad no ha sido comprendida enteramente hasta hace bien poco tiempo, gracias a la popularización de los conocimientos de historia. Los romanos decapitaban las esculturas de aquellos que no eran de su simpatía sin ser conscientes de que muchos años después esas mismas esculturas conformarían una riquísima fuente de conocimiento sobre su imponente arte escultórico. Ese inútil gesto iconoclasta, aunque repetido de diferentes maneras a lo largo de los años, carecía de sentido en el pasado como carecen de sentido ahora los ataques indiscriminados de las autoridades estatales al patrimonio común de todos los españoles. Cuando el Estado se somete a la ideología pierde su razón de ser, ya que su naturaleza fundamentada en el bien común desaparece.
Parte del patrimonio nacional, el Valle de los Caídos, está sufriendo un acoso por parte de la Administración del Estado, que pone de manifiesto no solo la utilización partidista de los resortes administrativos que le son propios, sino también la renuncia implícita a su labor de protección del patrimonio común de los españoles.
Para defender la restauración y protección del Valle de los Caídos no hace falta simpatizar con el régimen de Franco, ni ser católico practicante e ir a la misa del domingo acompañando a los monjes de la Basílica, al igual que no hace falta ser militar para defender el alcázar de Segovia, ser monárquico para proteger el Palacio Real o ser liberal exaltado para proteger los manuscritos de Espronceda. Lo que hace falta es tener una visión trascendente de la historia, sabiendo que la tarea de una generación es la conservación de sus herencias con el fin de transmitirlas añadiendo el valor de la innovación y la mejora, siempre y cuando sea posible.
La función de un Estado no es someter a la discreción de gobernantes sectarios lo que se hizo con anterioridad con el esfuerzo de todo un pueblo que, en este caso, quiere enterrar a sus muertos y sus odios, aunque hubiera sido construido en el apogeo de un régimen autoritario. Por eso ahora la reivindicación de muchos españoles que no son sectarios no es solo la lógica de disfrutar del acceso al patrimonio nacional al que tiene derecho, sino también la de exigir que se limiten los poderes del Estado en cualquier nivel administrativo para impedir que desde él se sustraiga a la nación el conjunto de bienes reales y culturales que la hicieron ser como es.
El ataque al Valle de los Caídos no es solo un estertor del ultralaicismo o solo un gesto estúpidamente vengativo hacia el franquismo, es algo más, es la renuncia explícita del Estado a proteger el bien común a favor de los gustos de una minoría momentáneamente poderosa inconsciente de que está tratando de luchar contra la razón histórica de todo un pueblo.

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