Cargando...Terapia de grupo en la Moncloa
Las reuniones que organiza el presidente Zapatero en la Moncloa se parecen cada vez más a esas cumbres de países más o menos hermanados en las que no se decide (…)
Las reuniones que organiza el presidente Zapatero en la Moncloa se parecen cada vez más a esas cumbres de países más o menos hermanados en las que no se decide nada, no se fijan objetivos, pero se celebran religiosamente una vez al año. Los españoles debemos estar atentos a estas reuniones monclovitas, no porque en sí sean decisivas, sino porque son un síntoma de que algo no funciona.Si no recuerdo mal, fue Adam Smith quien advirtió que los comerciantes deben verse poco para así poder garantizar la libertad de comercio. Con mucha gracia, Smith decía que si se encierra a un grupo de comerciantes en una habitación durante un considerable período de tiempo, al abrir la puerta nos encontraríamos con un monopolio.
Menos de un par de siglos después, en su libro El nuevo Estado industrial, el gran economista socialdemócrata John K. Galbraith criticaba con razón las dificultades de gobierno que presentan las economías con gran presencia de sociedades anónimas en contraste con aquellas en las que el tejido industrial se fundamenta en empresas levantadas con el esfuerzo de los emprendedores.
Como se ve, desde distintos puntos de vista y épocas diferentes, el problema es más o menos el mismo. Lo que ponía de manifiesto Adam Smith es que la unión de miembros de sectores industriales (como pasaba con la banca española hasta hace unos años) anquilosa el mercado, con el consiguiente perjuicio para el pueblo. Galbraith, en el siglo XX, afirma con rotundidad algo que podemos suscribir tanto socialdemócratas sensatos como conservadores: el Estado debe ser lo suficientemente fuerte como para contrarrestar la influencia de una corporación anónima o un grupo de ellas, ya que la función estatal pasa por velar para que el mercado siga funcionando sin perjuicio del pueblo que sostiene a ambos, al Estado y a las corporaciones, uno por vía impositiva y otro por la vía del comercio.
Ha habido titulares de prensa estos días con referencia a la última reunión en la Moncloa que hielan la sangre. Dos de ellos son especialmente escalofriantes: las declaraciones del señor Botín a favor de la continuidad del presidente, ya que podrían desvelar un pacto para librar al señor Sáez de responsabilidades judiciales y, por otro lado, el refrendo que necesita el gobierno de que está haciendo cosas que merecen la aprobación de las grandes corporaciones. Ambos temas se han planteado como si fueran asuntos políticos rutinarios, como si entraran dentro de la lógica política, pero no es así. Por sí mismo tendría que resultar a todas luces escandaloso que un ciudadano privado acudiera al ejecutivo para que intercediera en una cuestión que pertenece al ámbito judicial, pero la reacción de los comentaristas ha sido más bien de comprensión ante el toma y daca. Por su parte, el Estado, no siempre tiene por qué tener la aquiescencia de los intereses privados, puesto que estos, en algún momento podrían atentar contra otros intereses también legítimos y, por consiguiente, hacerse necesaria la intervención de las agencias públicas en aras del bien común.
En España hemos llegado a tal punto de confusión entre los intereses públicos entre sí y estos con los corporativos que parece que con que alguien apele al diálogo entre las partes ya se diluyen las verdaderas responsabilidades de los unos y los otros.
Pongamos las cosas en su sitio. Las grandes empresas españolas, que está bien que las haya, deben despreocuparse de llegar a acuerdos con el gobierno: lo suyo es mantener su negocio y, si acaso, expandirlo. El Estado debe procurar dos cosas: vigilar para que haya un mercado que funcione en libertad y actuar como contrapoder de aquellas instituciones que por su volumen de negocio podrían tener más poder que él en ciertos casos. Todo lo que esté fuera de estas funciones es correr el riesgo de que el Estado se convierta en un comerciante más de aquellos que imaginaba Adam Smith y que acabemos con un monopolio, no tanto comercial como de poder. En el otro plato de la balanza está el otro peligro: que las corporaciones engullan el margen de actuación del Estado, pesadilla que Galbraith nos demuestra que tampoco es favorable para los intereses de los participantes de los mercados, o sea, los ciudadanos de a pie.
Dicen los psiquiatras que la terapia de grupo busca la vuelta al equilibrio psíquico de sus participantes. Tal vez podríamos pedir a los cuarenta empresarios y servidores públicos que se reunieron en la Moncloa que inviertan parte del tiempo de su próxima reunión en iniciar una nueva terapia socioeconómica con el claro objetivo de reencontrar los legítimos papeles que les tiene asignados una sociedad libre.
