Fiscalización internacional
El pasado mes de enero, el congresista republicano Mike Pence pronunció un discurso en el que recordó una de las propuestas que mayor debate está generando en Capitol Hill: prohibir (…)
El pasado mes de enero, el congresista republicano Mike Pence pronunció un discurso en el que recordó una de las propuestas que mayor debate está generando en Capitol Hill: prohibir la financiación de abortos con dinero federal. Y añadió un matiz muy importante y que debería extenderse a otros ámbitos: que se prohíba dentro y fuera de Estados Unidos.
Siempre ha habido un alto grado de consenso en que la transparencia, la fiscalización del dinero público y la publicidad son herramientas imprescindibles para el normal funcionamiento democrático. Sin embargo, estamos comprobando como las organizaciones internacionales se utilizan para eludir esa responsabilidad.
Hace pocos años, la revista española Época demostraba cómo habían desaparecido 35.000 euros que debían haberse destinado a construir un pozo en una población de Nicaragua. Donde no había pozo, ni había nada. Y es que parecía ser práctica generalizada que el dinero que los contribuyentes españoles destinaban a la Cooperación al Desarrollo no llegara a su destino.
La falta de control sobre el dinero público canalizado a través organizaciones internacionales ha sufrido una vuelta de tuerca más durante las últimas semanas, y es que parece ser que el Gobierno español habría ofrecido financiación a terroristas a través de esa vía: «si el problema es el dinero siempre se podrá arreglar por medio de una organización internacional», recogen las actas de las reuniones que mantuvieron representantes del Gobierno español y la banda terrorista ETA.
La práctica de dar subvenciones a fondo perdido a organizaciones internacional es ya práctica generalizada en muchos países, y permite eludir la responsabilidad de rendir cuentas y, también, destinar fondos públicos a fines que el electorado jamás toleraría.
Por eso es importante que el Congreso se pronuncie sobre esa limitación tanto dentro y fuera de Estados Unidos y evitar que organizaciones como Planned Parenthood dediquen los millones que cada año recibe del Gobierno federal a financiar algo que la mayor parte de los norteamericanos no apoya.
Y, para ello, es preciso, además, instaurar mecanismos que permitan controlar el uso que se da al dinero público que los países destinan fuera de sus fronteras, tanto en lo referente al aborto como a todo lo demás.
Publicado en www.theamericano.com

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