Cargando...Las burbujas siempre le explotan a los mismos
Desde el comienzo de la crisis económica hemos oido hablar en cientos de ocasiones de la burbuja inmobiliaria para referirse al exceso de construcción de viviendas y al exceso de (…)
Desde el comienzo de la crisis económica hemos oido hablar en cientos de ocasiones de la burbuja inmobiliaria para referirse al exceso de construcción de viviendas y al exceso de endeudamiento financiero en el que incurrieron muchas personas para su adquisición, todo lo cual provocó una burbuja económica porque se estaba construyendo y gastando con un dinero que no procedía de recursos generados ni de bienes disponibles sino que se esperaba generar en el futuro y con ello pagar los créditos.
Una vez que la crisis no es que haya tocado a nuestra puerta sino que duerme en nuestra cama y amenaza con echarnos de casa, la primera reacción natural consistió en buscar culpables, para lo cual fue muy fácil señalar a las entidades financieras como si estas fueran algo ajeno a lo que acontece en la sociedad. En mi opinión, la llamada burbuja inmobiliaria fue responsabilidad de las entidades financieras, de las personas que acudieron en masa a comprar viviendas (gran parte de las cuales asumían compromisos por encima de sus posibilidades de pago reales o con el único fin de revender las viviendas para obtener una plusvalía fruto de la nada), y de las autoridades económicas que demostraron ser y actuar más como políticos que como responsables económicos.
Transcurridos varios años de crisis ha salido a relucir otra burbuja generada en los mismos años que la inmobiliaria, y es la enorme burbuja de deuda pública generada por el altísimo endeudamiento de todas las administraciones públicas españolas. Dichas administraciones, al son de una población que en gran parte gastaba por encima de sus posibilidades, también contrajeron grandes compromisos de deuda con el fin de proporcionar servicios y/o infraestructuras a sus ciudadanos -ávidos de progreso únicamente material- que realmente no podrían haberse permitido con los resursos disponibles, ya de por sí altos en ese momento.
La primera burbuja explotó y millones de españoles están sufriendo mucho como consecuencia de ello: paro, impagos, desahucios, conflictos entre las personas, aumento de la litigiosidad, emigración a otros países, personas que cometen locuras por su situación límite, etc. Sin embargo, la segunda burbuja salió a la luz pública y explotó mas tarde porque las entidades públicas absorvieron gran parte de la poca capacidad de crédito que le quedaba a las entidades financieras, lo cual contribuyó a ahogar financieramente aún más a todas las personas y empresas al reducirse aún más el crédito al sector privado.
Ahora ha explotado la burbuja de deuda pública por la situación límite de nuestro sistema finaciero y por el agotamiento del crédito exterior para con España y, nuevamente, los grandes perjudicados vuelver a ser los españoles: bajada del salario de los funcionarios, congelación de las pensiones, supresión o drástica disminución de las obras públicas, aumento de la edad de jubilación, bajada de las pensiones mediante el aumento del periodo temporal para su cálculo, aumento de impuestos tan importantes como el IVA, etc.
Por lo tanto, la explosión de la burbuja inmobiliaria perjudicó al sector privado -empleados y empleadores- pero no perjudicó ni a las autoridades económicas debido a su condición real de políticos que los hace irresponsables de su gestión, ni al sector financiero por ser un sector estratégico de la economía y por sus enormes vinculaciones con el sector público y político. La explosión de la burbuja de deuda pública también perjudicó a los españoles al reducir y después llevar a la quiebra a nuestro ya de por sí insostenible estado del bienestar, sin embargo se han librado de sus consecuencias los políticos que la habían generado directamente.
La inferencia lógica es que siempre pagan y sufren los mismos todas burbujas o excesos económicos con independencia de su origen y de sus causantes, por lo que además de tomar las medidas que procedan para solucionar nuestra crisis actual, lo verdaderamente útil y maduro sería aprobar las modificaciones legislativas necesarias para que los dirigentes de entidades financieras, las autoridades económicas y los políticos que endeuden o malgestionen las entidades por ellos dirigidas sufran personalmente las consecuencias de su acción tanto civil como penalmente. Mientras tanto modificaciones legislativas como la del artículo 135 de la Constitución Española son un brindis al sol que no evitará que se sigan cometiendo los mismos o parecidos errores.
